Daniel Atienzar, Mada Sanchez, Eva Verdu.
De todos y todas es sabido que la vivienda es un derecho de toda persona, reconocido por distintas declaraciones a nivel mundial y también nacional. La Constitución Española en su artículo 47 dice: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.” Sin embargo, también es comúnmente conocido, y aceptado, que una buena inversión económica actualmente es la compra de una vivienda. ¿Como pueden conjugarse ambos calificativos, derecho y negocio en un mismo concepto?
La respuesta es clara, no se pueden conjugar. La actual situación de difícil, por no decir imposible, acceso a la vivienda para gran parte de la población o del acoso inmobiliario que está sufriendo casi la totalidad del resto, son clara evidencia de esta imposible comunión.
Ante este escenario, donde se ha perdido el ejercicio del derecho a la vivienda, conviene hacer un poco de memoria y recuperar de nuestra historia reciente los acontecimientos, medidas políticas y factores económicos que nos han conducido a él.
En 1985, el llamado “decretazo”, promulgado por Miguel Boyer Salvador, (RDL 2/1985) nació con la intención de “salvaguardar los intereses de los inquilinos”, pero nada más lejos de la realidad, pues auspició el inicio de su acoso inmobiliario “democrático”. Esta norma, junto con la ya existente Ley del Mercado Hipotecario dieron el pistoletazo de salida a la conversión de éste bien de primera necesidad en un bien de mercado, y por tanto, objeto de negocio susceptible de máxima rentabilidad, a cualquier precio.
Una vez instaurada la vivienda en un mercado regido por las leyes de la oferta y la demanda, se inició el desembarco de las familias más ricas en el negocio inmobiliario, al mismo tiempo que se inauguraba una importantísima fuente de financiación estatal (IVA, impuesto sobre transmisiones patrimoniales, venta de suelo y edificios públicos,…) La consecuencia sobre las clases populares fue inmediata: vieron incrementado vertiginosamente el porcentaje de sus ingresos familiares destinado a la compra o alquiler de vivienda (hasta llegar actualmente a superar el 50% de la renta media). Esta situación provocó una concentración de capital inédita en el sector de la construcción, en las grandes empresas inmobiliarias y en los bancos y cajas de ahorros.
Entre 1991 y 1997 se produjo un estancamiento de los precios debido a una coyuntura económica internacional, que fue aprovechado por las grandes empresas del sector para realizar una serie de fusiones y absorber a los competidores más pequeños.
El 24 de Noviembre de 1996 apareció la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos 29/1994, que, de nuevo, en lugar de modificar la tendencia de la oferta del mercado de alquiler, que seguía decreciendo, provocó el aumento de las rentas en alquileres antiguos y con contratos de corta duración. En 1996, el PP accedió al poder y se inició la segunda gran cabalgata de la especulación. El nuevo gobierno adoptó una serie de medidas que fomentaban los procesos de especulación y empujaban a la compra de viviendas, entre ellas la Liberalización de la Ley del Suelo, con la que se dio alas a la especulación del suelo, y por tanto de la vivienda. A las medidas fiscales auspiciadas por este gobierno se le añadió la bajada de los tipos de interés y la tremendo descenso de la bolsa que hizo que los pequeños ahorradores invirtieran en vivienda por tratarse de una inversión más segura, lo que creó la aparición de innumerables inmobiliarias y promotores particulares; a su vez la entrada en vigor de la moneda única, hizo más asequible y segura la adquisición de inmuebles para el capital extranjero, que ven en este tipo de inversiones un negocio seguro.
Con todo este movimiento de compraventa de vivienda, su precio ha experimentado subidas espectaculares del 20% anual durante cinco años. Sin embargo, que estos incrementos sobre un bien de primera necesidad no se hayan repercutido nunca sobre el IPC, ofrece una imagen irreal de bonanza y crecimiento.
A su vez, ha aumentado vertiginosamente la cifra de pisos vacíos o abandonados: se estima que en el conjunto de grandes ciudades corresponde al 10% del número total de pisos existentes, pisos que permanecen en este estado debido a que las instituciones, entre ellas la Agencia estatal de Alquiler, lo permiten. Todo ello al amparo de los municipios, verdaderos impulsores de las recalificaciones y subastas de suelo público para sanear sus cuentas.
El conjunto de los factores aquí descritos ha generado lo que se ha venido denominando como la “burbuja inmobiliaria”, es decir, una insostenible burbuja especulativa de los bienes inmuebles, que ha ido creciendo sin mesura hasta su estallido, la dramática crisis y la consecuente crisis económica general, dada la dependencia absoluta de nuestra economía de este sector.
Hasta este momento, el sistema establecido era socialmente “correcto”: se permitía y animaba que la burbuja creciera y creciera, negando desde ciertos estamentos (incluso políticos) su existencia, no había alarma social alguna sobre los precios desmedidos de la vivienda y las condiciones de desprotección de los inquilinos de viviendas de alquiler o de acoso inmobiliario que padecían (y padecen). Simplemente se asumía “por el bien de la economía general”.
A día de hoy las grandes inmobiliarias solicitan al actual gobierno un plan de choque para contrarrestar las cuantiosas inversiones que han realizado y no pueden mantener (pues ahora ya no cuentan con el respaldo de los bancos, que más que facilidades, ofrecen trabas a estas empresas, visto la actual situación de crisis), inversiones realizadas al amparo de proyectos con una previsión de ganancias del 50% (algo obviamente insostenible).
Ante esta demanda, el gobierno, esta vez del PSOE, sigue sometido a las exigencias de estas agencias y propone medidas parcheadoras de la actual situación, que continúan dando soporte al negocio y persiguen llevarlo al estado previo a la actual situación de crisis. No se ataja el problema de la vivienda desde la base, desde el concepto de pérdida de su calidad de derecho y protegiéndola de este mercado librecambista brutal que ha desembocado en esta situación.
Pero ¿existe otra opción? ¿Cuales podrían ser algunas de esas medidas alternativas?
1. Transparencia y publicidad de las operaciones de compraventa en el Registro de la Propiedad
2. Aumento del IBI para inmuebles vacíos
3. Despenalización de la ocupación inmuebles vacíos
4. Revocación de los documentos de propiedad a partir de los 5 años de abandono
5. Prohibición de la venta de suelo público
6. Legislación y sanciones adecuadas a las prácticas de acoso inmobiliario
7. Protección por parte de las instituciones de los inquilinos en estos casos, ...
Además, y a la larga, estas medidas deberían ser más profundas, medidas estructurales que aseguraran la vivienda como derecho y fueran poco a poco quitándole ese talante actual de negocio:
1. Limitación de los precios de los alquileres y de la venta de viviendas (máximo un 30% ingresos para viviendas en alquiler y 20% para hipotecas)
2. Moratoria de los PERIS (Planes de Reforma Interior) y de las reformas urbanísticas a esperas de la participación real vecinal
3. Reforma total de la ley de arrendamientos Urbanos (LAU)
Así pues, existe un camino, una vía de salida a la actual situación, pero requiere un cambio radical en las políticas de nuestros gobiernos, un cambio de mentalidad y por tanto de acción, ese cambio es posible, la pregunta es ¿para cuando?
Aplicación del Decreto Boyer (decretazo, acoso y derribo de los inquilinos):
- Eliminación del contrato indefinido.
- Eliminación de la subrogación a parientes cercanos.
- Fomento al alza del precio de los alquileres.
- Objetivo: “aflorar” pisos vacíos para el mercado de alquiler. ¡¡Falacia!!, resultado contrario.
- Asegura la entrada en la CEE y la OTAN
- Posibilidad de desahucio de los inquilinos para un uso más lucrativo (terciario) en zonas céntricas, camuflado como modernización y equipamientos. Fenómeno de la gentrificación donde la población original de un barrio o zona deteriorada es progresivamente desplazada por otra de mayor poder adquisitivo.
- Acumulación de capital en constructoras, entidades financieras y familias pudientes.
- Incremento del capital también para pequeños propietarios (valor doblado).
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Daniel Atienzar, Mada Sánchez, Eva Verdú. Agrupación Sostre. www.sostre.org
EDITORIAL: Eina Cultural S.L.
REF. REVISTA/LIBRO (ISBN,ISSN,SUPV): 1889-3023
VOLUMEN: 8 PÁGINAS: 20-21 AÑO: Octubre -2009
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